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images¿Es obligatorio por  parte de Comunidades de Regantes o propietarios privados de embalses para riego clasificar los embalses en función del riesgo potencial aguas abajo en caso de rotura del dique?

Sí, cuando se cumpla:

–   altura del dique superior a 5 metros.

–  capacidad de embalse superior a 100.000 m3.

Según la  modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 9/2.008 (BOE  16 enero de 2.008) en el que se introduce modificación muy importante en el artículo 367, existe obligación de solicitar la clasificación y registro por parte de  los titulares de las presas y balsas de titularidad pública o privada  si cumplen alguna de las características anteriores.

El Real Decreto también establece que la administración pública competente creará un Registro de Seguridad de Presas y Embalses en el que se inscribirán todas las presas  y embalses de su competencia que superen los valores anteriores y será la Comunidad Autónoma quien designará a los órganos competentes en materia de seguridad en relación con las presas, embalses y balsas.

Un porcentaje muy alto de los propietarios no han realizado los estudios y trámites correspondientes. También la administración competente no ha realizado todos sus deberes y por tanto los usuarios se encuentran con barreras (o excusas) para realizar la tramitación. (Por ejemplo, es necesaria la creación de un registro de las Presas clasificadas)

La aplicación obligatoria del Reglamento Técnico sobre seguridad de Presas y embalses aparece reflejada ya en 1.996 en la Orden del Ministerio de Obras Públicas, transporte y medio ambiente, en el BOE 30-3-1996, nº 78. Incluso un año antes, en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones también nombra la obligatoriedad de que las presas se clasifiquen en función del riesgo que pueda derivarse de su rotura.

En el artículo quinto del Reglamento  ya se establece que los titulares o concesionarios de todas las presas en servicio deben presentar la propuesta razonada de clasificación frente al riesgo en los términos previstos en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses.

En el artículo 2 del Reglamento se define el “ámbito y grado de aplicación”  y queda reflejado que se debe aplicar a las grandes presas y, además,  a las clasificadas según su riesgo potencial en las categorías A o B, aún cuando no sean grandes presas.

Las características, según el Reglamento,  para ser gran presa son en función de sus dimensiones o del riesgo potencial.

En función de sus dimensiones si cumplen al menos una de las siguientes categorías:

–  altura superior a 15 metros, medida desde la parte inferior de la cimentación hasta coronación.

–  Longitud de coronación superior a 500 m.

–  Capacidad de embalse superior a 1.000.000 m3.

–  Capacidad de desagüe superior a 2.000 m3/s.

Además podrán clasificarse como gran presa las presas que tengan algún problema de cimentación o característica no habitual.

En función de su riesgo potencial:

Categoría A: si la rotura puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, así como producir daños materiales o medioambientales muy importantes.

Categoría B: si la rotura puede ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de casas.

Categoría C: si se pueden producir daños materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdida de vidas humanas.

La valoración del riesgo se debe realizar para una eventual rotura, avería grave o funcionamiento incorrecto de la presa.

Para la clasificación de las presas y embalses se utiliza la Guía técnica para la clasificación de presas en función del riesgo potencial, del Ministerio de Medio Ambiente. (nov. 1.996). La Guía Técnica fija los criterios para la definición de categorías A, B o C puesto que cuantifica los aspectos a analizar y que en los Reglamentos aparecen de manera cualitativa:

–  Riesgo potencial a vidas humanas. Población en riesgo.

–  Afecciones a servicios esenciales.

–  Daños ambientales.

–  Daños materiales.

En resumidas cuentas, desde 1.996 se estableció la obligatoriedad de presentar la propuesta razonada de clasificación frente al riesgo y desde 2.008 las dimensiones mínimas de las presas y embalses ya no tienen que ser las de “gran presa” para tener obligación de solicitar la clasificación y registro por parte de  los titulares de las presas y balsas de titularidad pública o privada.